La medida consolida una reforma integral surgida del diálogo con los sectores productivos, reemplazando regulaciones con varias décadas de antigüedad, como la Ley Nº 6.260 de 1978; e introduciendo un sistema unificado, digital y transparente.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el alcance de la reglamentación impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio: «Esta ley y su decreto reglamentario marcan un hito histórico para la provincia. Estamos dejando atrás trámites burocráticos y dispersos para ofrecer a quienes producen e invierten en Entre Ríos reglas claras, certidumbre jurídica y agilidad administrativa. La ley busca la modernización y la simplificación de los procedimientos, pero sin renunciar bajo ningún punto de vista a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial».
En esa misma línea, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, remarcó la solidez normativa y los principios que sustentan la reglamentación: «Cuidar el ambiente y facilitar la producción no son objetivos contrapuestos cuando el Estado hace bien su trabajo. El decreto reglamentario se fundamenta en los mandatos de nuestra Constitución Provincial y la Ley General del Ambiente, garantizando el derecho a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras. Ponemos en marcha herramientas clave como el Certificado Único Ambiental; que unifica y reemplaza a todos los trámites anteriores, porque el desarrollo productivo solo es posible en armonía con la preservación, conservación y mejoramiento del ambiente, especialmente en una provincia como la nuestra».
Uso de suelo y participación ciudadana digital
La Secretaría de Ambiente acompañó la puesta en vigencia del régimen con la emisión de resoluciones complementarias clave. Por un lado, se aprobó un modelo uniforme con contenidos mínimos para el Certificado de Uso de Suelo Conforme, diseñado para orientar la tarea de los municipios y comunas; garantizando un criterio unificado en toda la provincia mientras se respeta de manera irrestricta la autonomía de los gobiernos locales, quienes continúan siendo los únicos competentes para otorgar dicha factibilidad.
Por otro lado, la Secretaría dispuso recientemente una nueva modalidad digital para las instancias de participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental. Esta herramienta busca ampliar y democratizar los canales de consulta pública en sintonía con los postulados del Acuerdo de Escazú; permitiendo que la ciudadanía acceda a la documentación ambiental y presente sus observaciones de forma remota y ágil.
Finalmente, el régimen prevé la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental; estableciendo un esquema de cooperación con los gobiernos locales que compartirá el producido de las sanciones para fortalecer el monitoreo territorial permanente en toda la provincia.
